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La digitalización, una salida a la congestión judicial.

La emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, ha obligado al mundo entero a dar el gran paso a la incorporación del uso de las tecnologías de la información para el potencial desarrollo de muchas actividades de índole laboral, comercial, académico, entre otras. Incluso el agro ha visto en la tecnología una solución para el mercadeo de sus cosechas en nuestro país.

Las Altas Cortes no han sido la excepción, pues se han adaptado fácilmente al teletrabajo y al trabajo en casa. Prueba de ello son las cifras de la Rama Judicial, que en tiempo de pandemia ha realizado 32.444 audiencias virtuales entre el 13 de marzo y el 13 de mayo: 7038 en marzo, 16.139 en abril y 9.267 en mayo. 

Asimismo, desde que comenzó la emergencia a corte 24 de abril, el Consejo Superior de la Judicatura ha recibido 18.072 tutelas, 501 peticiones de habeas corpus, 8.333 audiencias de control de garantías y 7.214 trámites de ejecución de penas.

De acuerdo con cifras suministradas por el Consejo de Estado, la jurisdicción en su conjunto al 18 de mayo de 2020 ha determinado más de 19 mil fallos.

Es por esto por lo que, la digitalización del sistema judicial puede ser una solución eficaz a la congestión judicial. Sin embargo, va más allá de las publicaciones periódicas: es litigar en línea, realizar notificaciones electrónicas, radicar y contestar demandas, cumplir con audiencias virtuales, interponer recursos, trámites de las medidas cautelares, títulos judiciales, digitalización de expedientes, efectuar presentaciones personales, entre otras.

Asimismo, es necesario retomar el expediente digital en todos los juzgados, tribunales y Altas Cortes del país de una manera progresiva y gradual, extendiendo su aplicación a Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Superintendencias. Igualmente, empezar esa digitalización mediante pilotos en algunas ciudades capitales.

La Rama Judicial también puede hacer uso de herramientas innovadoras como las de Legal Tech, que vinculen blockchain e inteligencia artificial, para así poder lograr una justicia especialmente ágil y eficaz.

Por ejemplo, la Corte Constitucional en conjunto con la Universidad del Rosario está desarrollando un programa piloto de sistema de inteligencia artificial – IA, llamado ´Prometea’, que haría más ágil y preciso el proceso de revisión de los fallos de tutela, porque aporta elementos de transparencia para vigilar su desarrollo y que permita que los ciudadanos puedan consultar el estado de las acciones de tutelas.

Con todo, el mecanismo garante del ciudadano de a pie sin duda es la tutela, pero se requiere del diseño de una página web de fácil acceso por parte de la Rama Judicial, en donde se pueda realizar todo el procedimiento desde la presentación y seguimiento a la misma. Esto implica: recepción, audiencias, notificaciones, recursos, desacatos, etc. El correcto diseño de la página va a evitar que se presente el fenómeno de la ‘tutelatón’. Lo más importante es aprovechar el impulso y dejar implementada de una vez la tutela digital, aunque en muchos despachos judiciales ya se maneje vía correo electrónico.

No obstante, en época normal un juzgado recibía entre 12 y 15 tutelas de primera y segunda instancia; actualmente, solo se están recibiendo 3 tutelas debido al desconocimiento de los correos electrónicos de los despachos. Otro dato de importancia es que, una tutela radicada físicamente demoraba un día en llegar al juzgado, hoy los juzgados la están recibiendo entre 3 y 4 horas.

Finalmente, el gran reto para el sector justicia es ajustar la normatividad actual para que parte de la actividad judicial pueda realizarse en línea. También es indispensable, dotar de toda la infraestructura necesaria para la renovación tecnológica y para la capacitación del recurso humano.  Por supuesto, todo este andamiaje redundará en el fácil acceso para el ciudadano de a pie a la justicia y permitirá que los jueces puedan impartirla de manera garante y eficaz.