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¿Son los infractores, clientes para los agentes de tránsito?

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Durante un debate de control político realizado en la Comisión Sexta, el Representante a la Cámara por Bogotá del Partido Político MIRA, Carlos Eduardo Guevara, denunció que los comparendos y multas que imponen los agentes de tránsito en el país se han convertido en un negocio muy lucrativo para las Secretarías de Movilidad y los Organismos de Tránsito.

El Representante Guevara puso como ejemplo la ciudad de Bogotá: Del presupuesto de la Secretaría de Movilidad para el 2.013 que fue de 189 mil 850 millones de pesos, cerca de 83 mil 941 millones ingresaron por concepto de multas de tránsito. Es decir, excesivos gastos de una entidad, que en algunos casos pueden considerarse como burocráticos, son pagados con dineros que provienen de comparendos. Esta situación le da credibilidad a las denuncias sobre como los agentes de tránsito son presionados para que se dediquen sólo a imponer multas y no a controlar el caótico tráfico.

Otra situación preocupante, es que un comparendo es una citación, por tanto el ciudadano tiene derecho a protestar; volviendo a tomar como ejemplo a la capital, de un total de 577.942 comparendos impuestos durante el 2.013, solamente 26.797 fueron protestados (un 5 %), y de estos solo 910 fueron absueltos (0.16%). “Es decir, el sistema es un “gana gana” para los organismos de tránsito, porque son juez y parte. Al ciudadano no le queda la opción sino de “pagar o pagar”.

En algunos casos el policía de tránsito no cumple su función preventiva, sino por el contrario solo piensa en sancionar, se esconde para esperar que un incauto ciudadano cometa una infracción para multarlo. Es difícil ver a un agente controlando el tráfico en un cruce convulsionado en una hora pico, pero si es fácil verlo debajo de un árbol esperando a un posible “cliente infractor” y todo porque sus resultados son medidos bajo objetivos de operatividad.

Desde el Partido Político MIRA hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que los dineros provenientes de comparendos se inviertan en proyectos que beneficien a los ciudadanos como campañas de cultura ciudadana y seguridad vial o mejoramiento de la señalización, y no en alimentar la burocracia de los organismos de tránsito.